Representantes de diversas organizaciones de y para personas con discapacidad debatieron el pasado 1° de octubre, junto a los integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, el proyecto de ley 626 que establece beneficios para las personas con discapacidad.

 

Durante las reunión, voceros de la Asociación Nacional de Ciegos de Panamá, de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, de la Federación de Personas con Discapacidad y de los padres de hijos con autismo del Centro Ann Sullivan Panamá, entre otros, defendieron la necesidad de ampliar la cobertura de beneficios que establece el proyecto de ley propuesto por el diputado José Muñoz, en el sentido de que además de concederle –al momento en que lleguen a esa edad- los mismos beneficios que tienen los jubilados y pensionados, se agreguen descuentos en el uso de los taxis –que es el transporte público que más utilizan-, en la educación particular, así como elevar los descuentos en la compra de apoyos técnicos para los que los requieran y analizar la posibilidad de que el impuesto sobre la renta sea reducido a las familias que tengan entre sus dependientes hijos con discapacidad.

 

“Me parece que esta es un poco discriminatoria, que yo como trabajador no tenga derecho al descuento del 20% cuando quiero ir a una atención de salud privada. Tampoco se habla de la educación, como decía la compañera de parálisis cerebral. La educación para nosotros que tenemos discapacidad se hace mucho más costosa que para cualquiera que no tenga discapacidad. Entonces, allí en la ley tampoco hemos visto que  confiera algún tipo de incentivo para cuando uno quiera tener accesar a la educación privada”, señaló César Vega de la Unión Nacional de Ciegos.

 

Gloria de Díaz manifestó que en el numeral dos del proyecto de ley se menciona “un descuento del 30% en el transporte… Yo me pregunto el medio más funcional y casi común para trasladar a los familiares cuando van a recibir su terapia o tienen una cita médica o van a hacer cualquier diligencia es el taxi. Yo quisiera que se hiciera una reflexión para ver si podemos incluir en estos medios de transporte al taxi. Pero también con la visión de humanizar el taxista”.

 

Y agregó que el descuento del 15% en atenciones odontológicas y de cardiología, entre otras especialidades, al que alude el numeral 9, no es suficiente para una persona de escasos recursos. “15% [menos] de una consulta de $60 tampoco la puede sufragar, o sea, que yo le diga que $25, tampoco la puede pagar. Yo quisiera que reconsiderásemos porque si se está haciendo un esfuerzo en una propuesta legislativa de interés social vamos a incidir mucho más en la vida de las personas con discapacidad y no poner curitas porque aquí estamos poniendo apenas una curita en la situación económica”, dijo de Díaz.

 

Rebeca Bustamante, del  grupo de parálisis cerebral, apoyó el que se deje por escrito que se incluiría en el descuento a los taxistas; también coincidió en que el 15% de descuento en citas de especialistas no ayudaría, que a las personas de escasos recursos les convendría la exoneración, ya que esa es su experiencia en la agrupación.

 

Para explicar su punto citó un ejemplo. “En el punto de las prótesis les voy a decir que yo tengo una que tuvo que solicitarle un préstamo a un hindostán ($800) para comprarle la pechera a la hija y no ha pasado ni un año cuando tiene que volver a desembolsar, haciendo otro préstamo”.

 

Fanny Wong, de la Fraternidad católica de Personas con Discapacidad y de la Mesa Legal de Discapacidad (Meledis), expuso la importancia de que en el gobierno y la sociedad no se miren los beneficios que las organizaciones están pidiendo como violatorios de leyes y de la Constitución, ya que lo que se busca es equiparar a la persona con discapacidad con el resto de las personas, a fin de que tengan mayores oportunidades de una vida digna.

 

“Cualquiera que quiere ir a la escuela y no tiene ninguna discapacidad va a agarrar su mochila y se va para la escuela como sea; nosotros no lo podemos hacer si tenemos una silla de ruedas, no podemos ir en los buses, estamos en desventaja total, quién nos va a ayudar a hacer eso. Entonces, si vamos a la escuela no hay rampas, cómo podemos entrar, no hay baños, entonces no pertenecemos a ningún lado. Siempre vamos a ser ciudadanos de segunda categoría. Y lo mismo se puede traducir a las personas sordas que no tienen intérpretes de lengua de señas en las escuelas, a las personas ciegas, o sea, las personas con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, que no se les hacen las adecuaciones curriculares para que puedan estudiar en la misma escuela que las demás personas. Esto es lo que nosotros estamos buscando aquí; esto está enmarcado más en la parte económica porque es un paso importante en eso, y si esto al final de la ley dice que cuando nosotros lleguemos a la edad de jubilación entonces podremos tener los mismos beneficios que los jubilados, porque algunos no vamos a llegar a esa edad, porque nuestra situación de vida no nos va a permitir llegar a esa edad, por qué vamos a esperar hasta esa época, por qué no se pueden beneficiar desde ahora, si lo que estamos hablando es sobre la dignidad de los ciudadanos, ¿o es que nosotros no somos ciudadanos de Panamá? Eso es un poco el principio de lo que nosotros sentimos que se debe tomar aquí en cuenta”.

 

La diputada presidenta de la Comisión, Marylín Vallarino, destacó que si fuera por los miembros de la comisión exonerarían a las personas con discapacidad del impuesto total de los carros, el impuesto total de todas las prótesis, harían que el transporte fuera gratuito, que los gastos médicos no se les cobraran, pero que no depende ni de ella ni de sus colegas, porque ese proyecto luego irá al pleno de la Asamblea.

 

Tanto Vallarino como el diputado Juan Carlos Arosemena alegaron que no se pueden incluir todas las solicitudes porque algunas requieren análisis económicos sobre lo que dejaría de percibir el Estado, por lo que se requeriría reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas para establecer cómo sustituirle al Estado lo que deje de percibir, tal como lo señala la ley. 

 

Explicaron que no quieren redactar un proyecto de ley que no pueda luego ser implementado o que cuando llegue al departamento de Asesoría Legal de la Presidencia de la República se los echen para atrás, en relación a que no esté bien fundamentado o se considere que es violatorio de la Constitución, como sucedió con el proyecto 198, que fue vetado por el Ejecutivo en noviembre de 2012. El proyecto 198 establecía 22 tipos de descuentos, entre ellos, 50% en las entradas a actividades de recreación, 30% en la tarifa de transporte público, 30% y 50% en hoteles, moteles y pensiones, 15% en establecimientos de expendio de comidas rápidas, 25% en restaurantes y en la facturación del recibo de luz, agua y teléfono y 20% en medicinas.

 

Al final del debate, se decidió que las organizaciones se reunirían en las oficinas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, para ponerse de acuerdo en cuáles de las propuestas (las más viables) serían elevadas a la comisión a fin de aprobar en primer debate el proyecto.

 

Acceda aquí al proyecto de ley 626 (la propuesta original de José Muñoz).

 

Acceda aquí a la transcripción completa de la reunión del pasado 1° de octubre de 2013.